La apuesta de JZI: Ganando la guerra contra la transparencia financiera
La apuesta de JZI: Ganando la guerra contra la transparencia financiera
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Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital riesgo estadounidense, gracias a las acciones de sus 2 gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a conseguir el control en cerca de veinte compañías empleando inadecuadamente los elementos de Gedesco, de la que JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo fundador y administrador en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar 100 millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 compañías, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el conflicto comienza a gestarse en 2016, momento en el cual los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde entonces, se alega que se ha hecho un uso indebido de los elementos de Gedesco para identificar y capitalizar ocasiones de inversión a través de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los JZI cuatro directivos denunciados y operada a través de una red de 12 filiales.
Esta composición pretendía ocultar la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de solicitudes judiciales en 2022, incluyendo una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de un par de meses.
Este escenario legal prosigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los creadores de JZI por carecer de rastros delictivos, mientras que se desvelan más capas de un enfrentamiento que subraya la complejidad de las operaciones financieras multinacionales y las disputas entre inversores y administradores en el ámbito del capital peligro..